Miércoles 13 de marzo de 2013, por Escuela Publica
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La administración responsable del sistema educativo no ve, no escucha, su respuesta es mimética y única: SILENCIO.

Los tres estamentos de la administración andaluza -COLEGIO, DELEGACIÓN PROVINCIAL y CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN- se abonan a la señal codificada del silencio. Esto no sería un problema salvo que todas ignoran su condición de administración pública (habitada por funcionarios/as con obligaciones concretas de cara al ejercicio del papel que tienen encomendado) y poderes públicos (responsables políticos o personas nombradas por éstos, igualmente, sometidas al cumplimiento de diferentes normativas).

Nuestro estado de derecho delimita de forma clara las obligaciones del/de la funcionario/a público y los derechos de la ciudadanía en su relación con la administración prestadora de un servicio público. La teoría requiere ser refrendada por una práctica respetuosa con las normas de las que nos hemos dotado para garantizar una convivencia pacífica. Para que la teoría vaya a acompañada de un desarrollo práctico, no vulnerador del derecho, es preciso que las personas que integran la administración educativa en sus tres niveles: Colegio, Delegación y Consejería reconozcan su condición de funcionario/a público/a con un cometido concreto. Ni en su propia casa pueden hacer aquello que les venga en gana, mucho menos cuando trabajan para garantizar: OBJETIVIDAD, IMPARCIALIDAD, INFORMACIÓN VERAZ, ECUANIMIDAD, NO DISCRIMINACIÓN, OBLIGACIÓN DE RESOLVER, ... necesarias para cumplir con el derecho a una buena administración reconocido en nuestro Estatuto de Autonomía. La administración no puede ni debe ignorar el derecho de información y de petición consagrados como derechos de todos los/as ciudadanos/as. Más bien debiera perseguir las prácticas que impiden o dificultan su ejercicio.

De momento, el cumplimiento del derecho de información y de petición, constitucionalmente protegido, encuentra por parte de la administración una única respuesta: SILENCIO.

- Escrito remitido a la Delegación Provincial de Educación solicitando formalmente una reunión urgente para abordar el asunto con una representación de las familias, al tiempo que se entrega CD con archivo de vídeo, en el que mediante la utilización de un odómetro acreditamos que nuestra propuesta, desde el primer momento, cumple la normativa de aplicación (508 metros es la distancia entre paradas).

SIN RESPUESTA. Acceder

- Escrito remitido al Colegio solicitando copia y, en su caso, certificación de la siguiente información:


  • Orden del Día del Consejo Escolar en el que la propuesta de las familias fue elevada por la dirección del centro para conocimiento y valoración por dicho órgano colegiado.
  • Certificación del acuerdo alcanzado por el Consejo Escolar en relación con la propuesta de establecimiento de parada en zona María Malibrán.
  • Escrito dirigido a la administración pública de la Consejería de Educación en la provincia de Córdoba dándole traslado del acuerdo adoptado.
  • Comunicación de la administración sobre el acuerdo comunicado.
  • Organización del transporte escolar en el centro educativo: Concreción de líneas y paradas autorizadas con indicación del número de alumnos/as que acceden al servicio en cada una de ellas.

SIN RESPUESTA. Acceder

- Escrito remitido a la Delegación solicitando copia y, en su caso, certificación de la siguiente información:


  • Organización del transporte escolar en el CEIP La Aduana: Concreción de líneas y paradas autorizadas con indicación del nº de alumnos/as que acceden al servicio en ellas.
  • Certificación de la distancia entre paradas de las distintas líneas.
  • Certificación de la distancia entre paradas que atendiendo a una misma zona se encuentran ubicadas en distintas líneas, concretamente de las siguientes paradas: calle Antonio Cabezón respecto a parada calle Goya y calle Fuente de los Picadores. Parada Fuente de los Picadores respecto a parada centro comercial Carrefur y parada María Montessori respecto a parada calle María La Judía.

SIN RESPUESTA. Acceder

- Escrito remitido a la Consejería solicitando copia y, en su caso, certificación de la siguiente información:


Demandando OBJETIVIDAD e IMPARCIALIDAD, al tiempo que se le informaba del desconocimiento de las razones que impiden o dificultan un tratamiento objetivo e imparcial de la propuesta, pero consideramos que si realmente se produjese una valoración ajustada a derecho, inequívocamente la administración llegaría a la misma conclusión que las familias afectadas: es imposible gestionar con tan poca cabeza un asunto de tan fácil solución.

SIN RESPUESTA. Acceder

Más información:


Cuando los/as ciudadanos/as usuarios/as del sistema educativo público esperan sentido común, la administración se enrola en el despropósito. Era el verano de 2011 cuando un grupo de familias planteaba, mediante una propuesta formal por escrito, establecer una organización más sensanta de la línea de transporte escolar que utilizaban sus hijos/as para desplazarse hasta su colegio público. Una propuesta que sin suponer incremento en el coste del transporte permitía a más de 30 niños/as mejorar su desplazamiento al centro educativo y a sus familias organizarse mejor, conciliar de una forma más sensata trabajo y obligaciones familiares. ACCEDER

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