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Fecha de publicación: Lunes 27 de febrero de 2012
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Jaque al paraíso fiscal: Italia acaba con la impunidad fiscal de la Iglesia católica, que también es la mayor casera en España.

Los obispos asisten atónitos (pero sobre todo mudos) al debate sobre su paraíso fiscal, en medio de una crisis que está obligando a apretarse el cinturón a todo el mundo.

  • ¿Perderán los eclesiásticos sus privilegios ante la Hacienda pública?
  • ¿Deberá pagar impuestos la Iglesia, como todo hijo de vecino?

La decisión del Gobierno italiano, presidido por el tecnócrata católico Mario Monti, de exigir a la jerarquía eclesiástica de su país el pago del impuesto de bienes inmuebles ha saltado las alarmas en España, donde los obispos gozan de inmunidad casi total ante el fisco.

Ya planteó el tema hace un año el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, ahora ministro de Justicia, reclamando para sus arcas municipales, acosadas por deudas y déficit, una compensación del Estado por los tributos que no satisface al Ayuntamiento la confesión católica, entre otras instituciones. Según Ruiz-Gallardón, el Ayuntamiento de Madrid ingresaría 94 millones anuales más cada año. Serían en toda España entre 2.000 y 2.500 millones, según los expertos.

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Clama una decena de organizaciones reunidas en Gijón, entre ellas Europa Laica, Juventudes Socialistas e Izquierda Unida. Van a hacerse notar en Asturias durante la próxima campaña electoral e inician su camino con una carta al presidente del Gobierno. Dicen:

“Los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede establecen una exención total y permanente de la contribución de los inmuebles de la Iglesia católica, aunque esta institución privada sea el mayor propietario de esos bienes. Esto supone que el Estado deja de ingresar más de 3.000 millones cada año. En la actual situación de crisis económica y social consideramos una total falta de respeto, e incluso una burla, que se aumente a los ciudadanos el impuesto de la contribución urbana, y que el mayor propietario no pague. Exigir a unos los tributos y eximir a otros de su pago, máxime cuando estos otros son poseedores de la mayor cantidad de bienes, es establecer privilegios y discriminaciones intolerables. Elevamos la más enérgica protesta”.

La Iglesia católica está exenta del IBI —y de otros muchos impuestos— en virtud de los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede firmados en Roma el 3 de enero de 1979. ¿Deben pagar los obispos el IBI, como los demás propietarios? Voces eclesiásticas tachan de “anticlericalismo casposo” y de “laicismo agresivo” la idea de extender el modelo italiano a España. El portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, guardó silencio hace una semana cuando se le preguntó sobre el tema. Se limitó a remitir la pregunta, con displicencia, al responsable económico de su organización y presidente de la Cope, Fernando Giménez Barriocanal. Este tomó la palabra para irse por la tangente. Dijo: “El régimen fiscal que tienen las instituciones de la Iglesia católica, en su 99% no deriva de los acuerdos Iglesia-Estado, como la gente piensa. Deriva de la Ley de Mecenazgo 49-2002. En materia de IBI, por ejemplo, tenemos exactamente el mismo régimen que cualquier fundación y cualquier partido político. No hay un régimen de privilegio en ningún caso. Debe quedar claro”.

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Lo que se le había preguntado al obispo portavoz es si la Iglesia católica no se ha planteado “hacer un gesto, como pagar el IBI, en solidaridad con las dificultades del pueblo de Dios por la crisis”. Pese a lo dicho por el hombre de los dineros católicos, la realidad es que no es la vigente Ley de Mecenazgo, sino el concordato de 1979 (con el nombre de Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos), quien regula el régimen fiscal de esta Iglesia, por el que la Conferencia Episcopal recibe cada mes del Ministerio de Hacienda dinero para pagar los salarios de obispos y sacerdotes.

Así lo prescribe cada ejercicio fiscal la Ley de Presupuestos Generales del Estado en una de sus disposiciones adicionales. Este año serán 248,3 millones. Además de esa asignación tributaria mediante el IRPF, la Administración pública paga, mediante el concordato de 1979, los salarios de decenas de miles de profesores de catolicismo y de cientos de capellanes castrenses, hospitalarios y penitenciarios. También subvenciona la enseñanza religiosa concertada con casi 4.000 millones, la conservación del ingente patrimonio arquitectónico eclesiástico y otras muchas actividades de la jerarquía católica. La cantidad total se acerca a los 10.000 millones de euros, según Europa Laica. Unos 1.000 millones se deben al paraíso fiscal.

Un ejemplo reciente de confusión es la restauración de la catedral de Tarazona. Ha costado 20 millones de euros, pero la Iglesia católica puso apenas 480.000 euros. El resto lo ha pagado la Administración del Estado, con este reparto: Gobierno de Aragón, 9,6 millones; Gobierno central, 6,9 millones; Gobierno central y Caja Inmaculada (partida conjunta), 2,3 millones, y Fundación Tarazona Monumental, 400.00 euros. Entrar a la hermosa catedral costará cuatro euros (billete normal). Irán a parar a las arcas eclesiásticas sin impuesto alguno.