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Fecha de publicación: Jueves 12 de abril de 2012
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El Consejo Audiovisual de Andalucía exige al Ministerio de Industria que actúe ante los insultos vertidos en Intereconomía y 13Tv contra la dignidad de los andaluces.

El Consejo traslada al Ministerio las quejas ciudadanas recibidas en la ODA por los comentarios y los sms ofensivos difundidos en tres programas con motivo de los resultados de las elecciones autonómicas celebradas el pasado 25 de marzo.

El Pleno del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha acordado exigir a la Subdirección General de Contenidos de la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que adopte las medidas oportunas respecto a los operadores de televisión de ámbito nacional Intereconomía y 13TV con motivo de los comentarios y los sms ofensivos hacia la sociedad andaluza tras los resultados de las elecciones autonómicas, celebradas el pasado 25 de marzo.

Esta decisión se produce después de revisar las quejas recibidas en la Oficina de Defensa de la Audiencia (ODA) del Consejo, en las que se denuncia la difusión de contenidos susceptibles de faltar el respeto a la dignidad de los andaluces y quebrar los valores constitucionales en un programa de 13TV y dos espacios de Intereconomía.

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Dichas quejas se refieren a la emisión de comentarios ofensivos en los que los participantes en los programas denunciados afirmaron que “Andalucía es una región que parece que la han sacado del tercer mundo”; “los andaluces tienen miedo a perder el estado de subvención permanente” o “Andalucía es una sociedad con gravísimos problemas morales, una sociedad enferma”.

Este tipo de comentarios denigran la soberanía democrática de los andaluces, perjudican la imagen de Andalucía y atentan contra la dignidad de su ciudadanía por su carácter reiteradamente ofensivo e insultante, según estima el CAA. Por ello, apunta en su decisión a una posible vulneración por parte de estos operadores a lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, en el que se establece que la comunicación audiovisual nunca podrá incitar al odio o a la discriminación por razón de género o cualquier circunstancia personal o social, y debe ser respetuosa con la dignidad humana y los valores constitucionales.

En este sentido, el CAA insiste en el papel esencial que los medios de comunicación desempeñan en la sociedad y el sentido trascendental que nuestro ordenamiento jurídico otorga al derecho a informar y opinar con libertad, pero desde la ética y el respeto a los principios constitucionales.

Un precepto que, según los reclamantes que se han dirigido a la Oficina de Defensa de la Audiencia, se vulneró con este tipo de comentarios, así como con los mensajes de teléfono sms que también se emitieron en dichos espacios de análisis político en los que se podían leer frases como: “A los andaluces les encanta la corrupción”; “en Andalucía, una gran mayoría no tiene dignidad” o “el problema de Andalucía es la cantidad de gente viviendo del cuento”.

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Los operadores también son responsables de los contenidos de los sms. En el caso de los programas de televisión que difunden mensajes de texto enviados a través de líneas telefónicas de tarificación adicional, la ley prohíbe la publicidad de servicios que cause o difunda ofensa individual o colectiva y la difusión de mensajes que puedan inducir o promover discriminación sexual, racial o religiosa o cualquier otra vulneración de los derechos fundamentales y de las libertades públicas reconocidas por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Por ello, el CAA también ha trasladado estas quejas a la Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional, órgano colegiado integrado también en el Ministerio de Industria.

El CAA solicita la actuación de la administración central en virtud del artículo 4.11 de su ley de Creación, en el que se establece que el Consejo tiene potestad para interesar a las administraciones públicas con competencias sobre medios de comunicación cuyas emisiones se difundan en Andalucía pero no estén sujetas a las competencias del Consejo, la adopción de medidas correctoras ante conductas contrarias a la legislación vigente en materia de programación de contenidos y emisión de publicidad audiovisual.

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